Juez confirma Pablo Salazar corrupto

El Juez Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Huixtla, confirmó el acto de corrupción realizado por el ex gobernador Pablo Salazar, a través del llamado “pablo bono” de 104 millones de pesos, por el cual ratificaron auto de formal prisión, luego de dar a conocer la resolución de la Primera Sala Penal Regional Colegiada del Distrito Judicial de Tuxtla.
Luego de analizar las pruebas presentadas por el Ministerio Público investigador, esta resolución avala lo dictaminado por el Juez Tercero del Ramo Penal en contra de Salazar Mendiguchía, donde se le atribuyen los delitos que se le atribuyen son los de Peculado, Ejercicio Indebido del Servicio Público, Abuso de Funciones Públicas, Abuso de Autoridad y Asociación Delictuosa.
Entre las pruebas que destacan los testimoniales y peritajes en materia contable y grafoscopía se encuentran pólizas de cheques, fichas de depósitos y estados de cuenta que fueron emitidos por la entonces Secretaría de Administración, donde se comprueba que los 104 millones de pesos sí pertenecían al erario público.
Además la declaración de ex funcionarios que ejercieron cargos de primer nivel en ese gobierno, como Horacio Schoeder Bejarano, ex secretario de Seguridad Pública estatal quien reveló que en octubre de 2005 el entonces Gobernador ordenó la compra de un seguro de vida con un costo de 104 millones de pesos, producto del erario público, que fuera cobrado en febrero de 2007, a través de Nelda Camacho, quien fuera Secretaria de Administración en el sexenio de Salazar Mendiguchía.
También la ex directora del Instituto de la Vivienda, Socorro Domínguez Aguilar, confirmó que por instrucciones del ex gobernador, un grupo de sus ex colaboradores fueron beneficiados con la compra del seguro de vida denominado VIDADOT2-2, con un costo total de 104 millones de pesos.
Cabe recordar que en el desahogo de la declaración preparatoria realizada en el Juzgado Tercero del Ramo Penal, Pablo Salazar se abstuvo de declarar y se negó a responder las preguntas que el Ministerio Público le realizó, a través de la autoridad judicial, en relación a los hechos que se le atribuyen.