El sistema judicial mexicano no cuenta con mecanismos legales para “entrar al fondo”en los casos en que se denuncia la desaparición forzada de personas, reconocieron ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la reunión que sostuvieron ayer con integrantes del grupo de trabajo en la materia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
En el encuentro privado al que asistieron cinco ministros del máximo tribunal, trascendió que éstos respondieron a las inquietudes de la delegación internacional sobre el sistema judicial, el respeto a los derechos humanos, la figura del fuero militar y su aplicación en casos en los que soldados cometen delitos en contra de civiles durante actos del servicio, y sobre la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso Rosendo Radilla.
Arturo Zaldívar y Sergio Aguirre Anguiano, presidentes de la primera y segunda salas de la SCJN, respectivamente, así como Olga Sánchez Cordero y Fernando Franco participaron en la reunión, ya que de manera insólita por tratarse de una misión de alto nivel, el ministro presidente, Juan N. Silva Meza, únicamente le dio la bienvenida a los visitantes y se retiró.
La delegación de la ONU estuvo integrada por Alan García, Ariel Dulitzky, Jazminka Dzumhur, Osmar el Haijé y María Giovanna Bianchi.
A partir de las preguntas del grupo de trabajo, confirmaron fuentes judiciales, fue que los ministros aceptaron que el sistema legal mexicano no prevé un mecanismo concreto para abordar las denuncias sobre desaparición forzada de personas, como si lo prevé la institución jurídica del hábeas corpus en otros países.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos le da seguimiento a ese tipo de denuncias, pero
“no tiene dientes legales”para actuar en contra de los presuntos responsables, apuntaron.
Sobre el caso Rosendo Radilla, los ministros comentaron –durante la plática que duró más de hora y media– que en breve el pleno determinará si la Corte está obligada a atender las recomendaciones que hizo la CIDH respecto de que el fuero militar en nuestro país es inconstitucional, porque se aplica a civiles cuando son víctimas de delitos por parte de soldados.
A los ministros les preguntaron sobre la constitucionalidad del fuero de guerra, y éstos contestaron que este asunto está en manos del Congreso de la Unión, que analiza una propuesta de reforma al respecto./ Jesús Aranda/La Jornada/
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