Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. .- Como parte de las pruebas que sustentan la responsabilidad del ex gobernador Pablo Salazar Mendiguchía en la muerte de los bebés del Hospital General K de Comitán de Domínguez, fallecidos entre los meses de noviembre de 2002 y enero de 2003, se encuentran las testimoniales de 41 servidores y ex servidores públicos, las conclusiones de exámenes de necropsia, periciales y contables al centro hospitalario, y la declaración de Mariano Herrán Salvatti, quien reveló haber sido ordenado para no profundizar en las investigaciones y archivar todas las averiguaciones previas iniciadas por estos reprobables hechos.
Quien fuera Procurador General de Justicia del Estado en aquella época, afirmó que “el Gobernador Pablo Salazar Mendiguchía me ordenó que el Ministerio Público no profundizara mucho en las investigaciones que se estaban realizando por parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado, en marzo del año 2003, con respecto a las causas que motivaron el fallecimiento de los bebés”.
Agregó que a mediados del mes de abril del año 2004 fue llamado por el Gobernador a sus oficinas ubicadas en el primer piso del Palacio de Gobierno y “hallándonos ambos en el Despacho del Gobernador, sentados ante su escritorio, Pablo Salazar Mendiguchía me ordenó que todas las averiguaciones previas relativas al fallecimiento de los bebés del hospital de Comitán se determinara en el no ejercicio de la acción penal y sin responsabilidad para el Estado, y que inmediatamente fueran enviadas a archivo como asunto totalmente concluido”.
“Recalcándome que cesara inmediatamente las investigaciones sobre esos hechos y que evitara a toda costa cualquier tipo de acción penal por esos acontecimientos, externándome que él como Gobernador no autorizó que se enviaran recursos económicos para la compra de equipos médicos y medicamentos que en ese entonces requería dicho hospital, ya que el recurso público que había sido destinado para el fortalecimiento no se invirtió y por tal motivo le podría resultar responsabilidad tanto a él como al entonces secretario de Salud, Ángel René Estrada Arévalo” enfatizó.
A lo anterior, se suma las conclusiones emitidas por instancias de la propia administración de Salazar Mendiguchía, las cuales reconocieron las serias deficiencias del hospital general.
Los informes emitidos en el año 2003 por la Contraloría General del Estado y la Dirección de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado, coinciden con lo informado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que en el año 2004 emitió al Gobierno del Estado de Chiapas la recomendación 24/2004, que en su parte medular afirma que se detectaron múltiples irregularidades en el nosocomio, siendo las principales la falta de medicamentos, instrumental y equipos médicos en las áreas de gineco-obstetricia y pediatría, lo que contribuyó a la deficiente atención médica.
Lo anterior, sin duda, revela que efectivamente se llevaron a cabo conductas omisivas derivadas de revanchas políticas que impidieron que el Hospital General contara con lo necesario para atender de manera eficaz y oportuna a los menores, quienes a la postre perdieron la vida.
Ocho años después, sus familias continúan exigiendo justicia.
Noticias/Tribuna Chiapas
Quien fuera Procurador General de Justicia del Estado en aquella época, afirmó que “el Gobernador Pablo Salazar Mendiguchía me ordenó que el Ministerio Público no profundizara mucho en las investigaciones que se estaban realizando por parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado, en marzo del año 2003, con respecto a las causas que motivaron el fallecimiento de los bebés”.
Agregó que a mediados del mes de abril del año 2004 fue llamado por el Gobernador a sus oficinas ubicadas en el primer piso del Palacio de Gobierno y “hallándonos ambos en el Despacho del Gobernador, sentados ante su escritorio, Pablo Salazar Mendiguchía me ordenó que todas las averiguaciones previas relativas al fallecimiento de los bebés del hospital de Comitán se determinara en el no ejercicio de la acción penal y sin responsabilidad para el Estado, y que inmediatamente fueran enviadas a archivo como asunto totalmente concluido”.
“Recalcándome que cesara inmediatamente las investigaciones sobre esos hechos y que evitara a toda costa cualquier tipo de acción penal por esos acontecimientos, externándome que él como Gobernador no autorizó que se enviaran recursos económicos para la compra de equipos médicos y medicamentos que en ese entonces requería dicho hospital, ya que el recurso público que había sido destinado para el fortalecimiento no se invirtió y por tal motivo le podría resultar responsabilidad tanto a él como al entonces secretario de Salud, Ángel René Estrada Arévalo” enfatizó.
A lo anterior, se suma las conclusiones emitidas por instancias de la propia administración de Salazar Mendiguchía, las cuales reconocieron las serias deficiencias del hospital general.
Los informes emitidos en el año 2003 por la Contraloría General del Estado y la Dirección de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado, coinciden con lo informado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que en el año 2004 emitió al Gobierno del Estado de Chiapas la recomendación 24/2004, que en su parte medular afirma que se detectaron múltiples irregularidades en el nosocomio, siendo las principales la falta de medicamentos, instrumental y equipos médicos en las áreas de gineco-obstetricia y pediatría, lo que contribuyó a la deficiente atención médica.
Lo anterior, sin duda, revela que efectivamente se llevaron a cabo conductas omisivas derivadas de revanchas políticas que impidieron que el Hospital General contara con lo necesario para atender de manera eficaz y oportuna a los menores, quienes a la postre perdieron la vida.
Ocho años después, sus familias continúan exigiendo justicia.
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